Una de las condiciones del acuerdo con el FMI era la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, lo que llevó a anunciar un ajuste que generó las protestas. Al final, el gobierno dio marcha atrás con la medida.
El primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, renunció tras el estallido social desatado por un aumento en los combustibles, que luego fue suspendido. El principal desafío del gobierno de Jovenel Moïse será hallar la forma de apaciguar a todos: los ciudadanos de a pie, los políticos con variados intereses y los economistas del Fondo Monetario Internacional.
“Antes de venir aquí (al Parlamento), presenté mi renuncia” al presidente Jovenel Moïse, quien la aceptó, dijo Lafontant en el Congreso el sábado.
Horas después, Moïse dirigió un mensaje al país en el que prometió que el nuevo gobierno será inclusivo, abarcará a, según dijo, todas las fuerzas vivas y que tendrá como misión aliviar lo que llamó la miseria del pueblo, además de desarrollar la agricultura, la energía y toda la infraestructura del país.
En su discurso, el mandatario criticó las protestas y aseguró que la violencia no funcionaba con el desarrollo o la democracia. “Debemos cambiar viejas prácticas que devuelven el país al pasado. Como Jefe de Estado, proporciono todas las instrucciones dentro del estado, para garantizar seguridad de la vida y propiedad en todo Haití”, indicó Moïse. Según el portavoz presidencial, el mandatario ya ha celebrado varias reuniones con potenciales candidatos, pero que continuaba las consultas para nombrar un nuevo primer ministro.
Tras la dimisión de Lafontant, Haití está en calma y las actividades volvieron a la normalidad, aunque está lejos de la estabilidad política dado que el Gobierno solo es operativo para tomar decisiones de urgencia o de escaso calado. Además, la oposición, que ayer manifestó su beneplácito por la renuncia del premier y su gabinete, mantiene la presión sobre el presidente, advirtiéndole de que, de no atender a las demandas de la población, puede ser el próximo en caer.
“No estamos aquí por algo a corto plazo, este es un mensaje del pueblo para el gobierno. No solo para los ministros, sino también el presidente, que es parte de este sistema incapaz de generar respuestas para la población”, dijo el líder opositor Moise Jean Charles. Asimismo, Charles señaló que seguirán sus movilizaciones en la calle para, según dijo evitar que un grupo se apropie de todos los bienes del país. “El presidente y el parlamento tienen que tomar nota para entender que el pueblo quiere grandes cambios, y si no se produce las cosas van a ser peores en el futuro”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Joseph Lambert, instó al mandatario a nombrar un primer ministro de consenso y que pueda trabajar con todo el mundo. “La dimisión del primer ministro es un paso pero hay que dotar el país de un gobierno inclusivo. Alguien que pueda trabajar con todos los sectores y que entienda como funciona la política de la nación”, agregó Lambert.
André Michel, presidente de la opositora Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, también opinó al respecto e insistió que la renuncia del primer ministro no es suficiente para salir de la crisis política. “El presidente Moïse es el problema y debe irse”, dijo Michel.
Así, la renuncia de Lafontant apacigua solo en parte la fuerte tensión política y social tras la ola de violencia entre el 6 y el 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles –38% la nafta, 47% el diésel y 51% el kerosene–. Puerto Príncipe, la capital, y otras ciudades del empobrecido país montaron bloqueos de rutas y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas, y al menos cuatro personas murieron durante los disturbios.
El sábado 7, un día después del anuncio del ajuste, el gobierno dio marcha atrás en las medidas. Pero ante la falta de respuesta política a la violencia, varios sectores de la sociedad haitiana exigieron la renuncia de Lafontant, un médico de 57 años sin experiencia política y amigo del presidente Moïse que había sido nombrado en el cargo en febrero de 2017.
Varios centenares de haitianos marcharon este sábado no sólo para exigir la renuncia de Lafontant, sino también la del mandatario. “No es solo cuestión de cambiar al primer ministro, porque día a día, el pueblo sufre más miseria, desempleo, inseguridad, hambre”, dijo Fleurette Pierre, una manifestante. Haití está sumido en la pobreza: cerca de un 60% de la población vive con menos de 2 dólares diarios y son muy sensibles a cualquier aumento de precios. Además, la enorme desigualdad social que impera en Haití es muchas veces motivo de quienes protestan contra el gobierno. Más de 200 años después de su independencia de Francia, Haití ostenta, según el Banco Mundial, una de las sociedades más desiguales del mundo.
En febrero, el país caribeño firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a emprender reformas económicas y estructurales para promover el crecimiento. Una de las condiciones del pacto era la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, lo que llevó a anunciar el ajuste que generó la ola de violencia. El acuerdo con el Fondo también insta al gobierno a mantener la inflación por debajo del 10%. Desde 2015, la inflación araña el 14% anual. El proyecto de presupuesto remitido al Parlamento a fines de junio prevé un 13,6% para el cierre del año.
El jueves, tras la violencia generada por el anuncio del aumento de los combustibles, el FMI sugirió al gobierno haitiano eliminar los subsidios en forma gradual. “Continuaremos apoyando a Haití y ayudando (...) a las autoridades a medida que desarrollan una estrategia revisada, que incluiría un enfoque mucho más gradual para eliminar los subsidios”, explicó Gerry Rice, portavoz del FMI, en conferencia de prensa. Rice recordó que la eliminación de los subsidios al combustible debería permitir al gobierno liberar fondos para financiar medidas sociales.
El gobierno haitiano tendrá una dura tarea para configurar una estrategia que le permita cumplir con las metas acordadas con el FMI y la decisión de dar marcha atrás en el aumento de los combustibles lo obliga a encontrar otra forma para obtener los 300 millones que le hubiera generado. Esa cifra representa el 11% del presupuesto 2018-2019 presentado al parlamento en junio.
