Declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 11 DE ENERO DE 2018
Estamos aquí para denunciar la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri y sus socios, que implica graves violaciones a los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías constitucionales. Intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo.
Por eso hoy nos hemos movilizado a esta plaza histórica, que siempre será del pueblo por más rejas que el gobierno le ponga. ¡Repudiamos esa escalada represiva, exigimos la cárcel común efectiva para los genocidas y la libertad inmediata y el cierre de las causas de todas las luchadoras y luchadores populares presos y perseguidos!
Las últimas muestras de impunidad son la prisión domiciliaria a Etchecolatz y otros genocidas condenados; el ascenso del gendarme Echazú, uno de los responsables del accionar represivo que terminó con la vida de Santiago Maldonado, y la liberación del policía Barisone, que atropelló intencionalmente a Alejandro Rosado, miembro de la CTEP, en la marcha del 18 de diciembre.
La domiciliaria a Etchecolatz y demás genocidas, que no es más que un indulto encubierto, generó protestas en todo el país. En Mar del Plata, el sábado 6 hubo una enorme marcha y al otro día un concurrido escrache ante su domicilio. En Santiago del Estero, el martes se hizo un escrache al genocida Antonio Musa Azar. Y ayer en Mar de Ajó hubo otra marcha de repudio a la domiciliaria al genocida Norberto Bianco. ¡Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!
La ofensiva represiva pegó un salto a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato de Rafael Nahuel, ambos a manos de fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
• Ya las marchas por Santiago sufrieron operativos de persecución de manifestantes y detenciones indiscriminadas, con apertura de causas penales.
• El 12 de diciembre el gobierno reprimió la marcha contra la OMC.
• El 13, reprimió a los movimientos sociales que se manifestaban en el centro, causando numerosos detenidos y heridos, entre ellos dos diputados nacionales.
• En las jornadas del 14 y el 18 contra la reforma previsional, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos y hubo una feroz persecución y cacería cuando se retiraban las columnas. El uso de balas de goma y piedras por las fuerzas de seguridad, dirigidas al pecho de las mujeres y a la cara de los hombres, dejó numerosos heridos, algunos de ellos graves, y tres manifestantes perdieron un ojo.
En la misma tónica del gobierno nacional, en varias provincias los gobernadores también reprimen y persiguen a los que luchan. Entre otros casos, hubo represión con balas de plomo a la comunidad wichí en Formosa, a los estatales en Santa Cruz, y a los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy. En este último caso, la inmediata respuesta y solidaridad logró la liberación de todos los detenidos.
Un grave antecedente es el “Informe” del Ministerio de Seguridad y los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut para reprimir a los pueblos originarios, en especial al pueblo mapuche. Intentan crear un enemigo interno, inventando a un grupo terrorista inexistente para criminalizar a las comunidades originarias, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y hasta al movimiento de mujeres kurdas. ¡Basta de persecuciones e inventos! ¡Libertad y no extradición de Facundo Jones Huala!
Esta ofensiva autoritaria contra los derechos y libertades de nuestro pueblo, inédita en los últimos 35 años, pretende criminalizar también la acción de diputados como los de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que además de ser reprimidos son denunciados penalmente por el gobierno, hecho que repudiamos.
El cuadro se completa con un avance contra el pluralismo y la libertad de expresión, como consecuencia de la uniformidad y concentración de medios de comunicación que actúan como voceros del gobierno. Las patronales de los grandes medios, que marcan la línea editorial, sostienen las políticas ajustadoras y las aplican en sus empresas. Reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa y de los medios alternativos que fueron reprimidos el 14 y 18 de diciembre por un gobierno dispuesto a todo para ocultar la verdad.
La prisión dictada contra César Arakaki el 29 de diciembre y contra Dimas Fernando Ponce anteayer; la persecución y demonización de Sebastián Romero por haber participado de la protesta popular del 18; la arbitraria detención de Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta en la cacería desatada por la gendarmería en la jornada del 14, los convierte en nuevos presos políticos de Macri y su justicia cómplice, que para imponer el ajuste quebrantan los derechos a manifestar y a reclamar. Denunciamos también que una y otra vez se niega la excarcelación de todos los detenidos con el argumento de que podrían entorpecer la investigación. Denunciamos que este hecho es una prueba más de la voluntad de disciplinar a nuestro pueblo y desalentar a los miles de jóvenes que se movilizaron el 14 y el 18 de diciembre.
Las acusaciones de que César Arakaki y Dimas Fernando Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía y de que Sebastián Romero habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal.
La aparición de un supuesto explosivo casero en la Central de Policía, con una nota apócrifa inculpando al Partido Obrero, es otro intento de amedrentar a los que enfrentamos el ajuste.
Repudiamos al fiscal general Germán Moldes, que pide endurecer la ley para que los manifestantes que son apresados en las movilizaciones no sean excarcelados. Y denunciamos que el juez Sergio Torres, funcional al gobierno de Macri, encarcela y demoniza a manifestantes como “violentos” para ocultar la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.
• Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales.
• Violencia es obligarnos a convivir nuevamente con los genocidas.
• Violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.
• Violencia es la reforma laboral, que busca arrasar con derechos históricos.
• Violencia son los despidos y las paritarias a la baja.
• Violencia es aumentar el endeudamiento externo y aprobar las leyes que ordena el FMI.
• Violencia es amenazar con multas o quite de personerías a sindicatos, organizaciones políticas y sociales, buscando atropellar el derecho democrático elemental a la protesta.
Pero pese a toda la represión policial y las persecuciones oficiales, y pese al freno de las burocracias sindicales, en todo el país crece la resistencia de la clase trabajadora.
• En Azul prosigue, con apoyo popular, el acampe de los obreros de Fabricaciones Militares por el cierre de Fanazul.
• En La Plata sigue la resistencia contra los despidos en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y hoy mismo hubo un paro regional de ATE.
• Los trabajadores de prensa resisten los despidos en los medios públicos.
• Lo mismo en el Ministerio de Defensa, donde los despidos afectan incluso a áreas de Derechos Humanos.
• También enfrentan los despidos en el Ministerio de Ambiente, pese a la militarización.
• Los municipales de Quilmes, Lanús y 3 de febrero se organizan contra los despidos.
• En Berisso, los trabajadores municipales lograron que no se votara una “emergencia económica” de ajuste y el intendente tuvo que firmar un compromiso de no despedir.
• Además hay numerosas luchas por fábrica en el sector privado, como las de las metalúrgicas Rapiestant (La Matanza), Stockl (sur del GBA) y Envases del Plata (Morón).
• También en la Oleaginosa Bolívar, por la reincorporación de los despedidos.
• En Cresta Roja los obreros mantienen el conflicto por deudas salariales.
• En Santa Cruz, los petroleros están en lucha contra el plan de 800 despidos en YPF y otras empresas.
• Lo mismo en Molinos Río de La Plata, en las plantas de Esteban Echeverría y de Barracas.
Compañeras y compañeros:
Son todas estas luchas las que teme el gobierno de Macri y esta es la verdadera razón de su escalada represiva. Las movilizaciones masivas, como las que hubo contra la reforma jubilatoria. Los cacerolazos populares. Las marchas contra la impunidad de los genocidas. El gobierno de Macrile teme al pueblo trabajador y a la juventud en las calles. ¡Por eso festejamos que en estos días el gobierno se haya visto obligado a postergar el tratamiento parlamentario de su reforma laboral esclavista y seguiremos luchando para que se postergue para siempre!
En este marco de lucha, unidad y resistencia, hoy reiteramos nuestras exigencias:
● No a la domiciliaria a Etchecolatz. Para los genocidas, cárcel común y efectiva.
● Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
● Libertad a César Arakaki, a los detenidos del 14 de diciembre y a todos los presos políticos. Cese de la persecución a Sebastián Romero y Dimas Ponce. Cierre de todas las causas a los luchadores populares.
● Fuera Bullrich.
● Repudiamos la denuncia del Ministerio de Seguridad a los diputados opositores que enfrentaron la reforma previsional.
● No a la persecución de las comunidades originarias. Repudiamos el informe del Ministerio de Seguridad.
● Solidaridad con todos los trabajadores despedidos, en lucha por su reincorporación.
● No al ajuste y la represión de Macri y los gobernadores.
● No al paquete de reformas contra los trabajadores y el pueblo.
No olvidamos-No perdonamos-No nos reconciliamos
30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos PRESENTE!!!
Por eso hoy nos hemos movilizado a esta plaza histórica, que siempre será del pueblo por más rejas que el gobierno le ponga. ¡Repudiamos esa escalada represiva, exigimos la cárcel común efectiva para los genocidas y la libertad inmediata y el cierre de las causas de todas las luchadoras y luchadores populares presos y perseguidos!
Las últimas muestras de impunidad son la prisión domiciliaria a Etchecolatz y otros genocidas condenados; el ascenso del gendarme Echazú, uno de los responsables del accionar represivo que terminó con la vida de Santiago Maldonado, y la liberación del policía Barisone, que atropelló intencionalmente a Alejandro Rosado, miembro de la CTEP, en la marcha del 18 de diciembre.
La domiciliaria a Etchecolatz y demás genocidas, que no es más que un indulto encubierto, generó protestas en todo el país. En Mar del Plata, el sábado 6 hubo una enorme marcha y al otro día un concurrido escrache ante su domicilio. En Santiago del Estero, el martes se hizo un escrache al genocida Antonio Musa Azar. Y ayer en Mar de Ajó hubo otra marcha de repudio a la domiciliaria al genocida Norberto Bianco. ¡Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!
La ofensiva represiva pegó un salto a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato de Rafael Nahuel, ambos a manos de fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
• Ya las marchas por Santiago sufrieron operativos de persecución de manifestantes y detenciones indiscriminadas, con apertura de causas penales.
• El 12 de diciembre el gobierno reprimió la marcha contra la OMC.
• El 13, reprimió a los movimientos sociales que se manifestaban en el centro, causando numerosos detenidos y heridos, entre ellos dos diputados nacionales.
• En las jornadas del 14 y el 18 contra la reforma previsional, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos y hubo una feroz persecución y cacería cuando se retiraban las columnas. El uso de balas de goma y piedras por las fuerzas de seguridad, dirigidas al pecho de las mujeres y a la cara de los hombres, dejó numerosos heridos, algunos de ellos graves, y tres manifestantes perdieron un ojo.
En la misma tónica del gobierno nacional, en varias provincias los gobernadores también reprimen y persiguen a los que luchan. Entre otros casos, hubo represión con balas de plomo a la comunidad wichí en Formosa, a los estatales en Santa Cruz, y a los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy. En este último caso, la inmediata respuesta y solidaridad logró la liberación de todos los detenidos.
Un grave antecedente es el “Informe” del Ministerio de Seguridad y los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut para reprimir a los pueblos originarios, en especial al pueblo mapuche. Intentan crear un enemigo interno, inventando a un grupo terrorista inexistente para criminalizar a las comunidades originarias, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y hasta al movimiento de mujeres kurdas. ¡Basta de persecuciones e inventos! ¡Libertad y no extradición de Facundo Jones Huala!
Esta ofensiva autoritaria contra los derechos y libertades de nuestro pueblo, inédita en los últimos 35 años, pretende criminalizar también la acción de diputados como los de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que además de ser reprimidos son denunciados penalmente por el gobierno, hecho que repudiamos.
El cuadro se completa con un avance contra el pluralismo y la libertad de expresión, como consecuencia de la uniformidad y concentración de medios de comunicación que actúan como voceros del gobierno. Las patronales de los grandes medios, que marcan la línea editorial, sostienen las políticas ajustadoras y las aplican en sus empresas. Reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa y de los medios alternativos que fueron reprimidos el 14 y 18 de diciembre por un gobierno dispuesto a todo para ocultar la verdad.
La prisión dictada contra César Arakaki el 29 de diciembre y contra Dimas Fernando Ponce anteayer; la persecución y demonización de Sebastián Romero por haber participado de la protesta popular del 18; la arbitraria detención de Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta en la cacería desatada por la gendarmería en la jornada del 14, los convierte en nuevos presos políticos de Macri y su justicia cómplice, que para imponer el ajuste quebrantan los derechos a manifestar y a reclamar. Denunciamos también que una y otra vez se niega la excarcelación de todos los detenidos con el argumento de que podrían entorpecer la investigación. Denunciamos que este hecho es una prueba más de la voluntad de disciplinar a nuestro pueblo y desalentar a los miles de jóvenes que se movilizaron el 14 y el 18 de diciembre.
Las acusaciones de que César Arakaki y Dimas Fernando Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía y de que Sebastián Romero habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal.
La aparición de un supuesto explosivo casero en la Central de Policía, con una nota apócrifa inculpando al Partido Obrero, es otro intento de amedrentar a los que enfrentamos el ajuste.
Repudiamos al fiscal general Germán Moldes, que pide endurecer la ley para que los manifestantes que son apresados en las movilizaciones no sean excarcelados. Y denunciamos que el juez Sergio Torres, funcional al gobierno de Macri, encarcela y demoniza a manifestantes como “violentos” para ocultar la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.
• Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales.
• Violencia es obligarnos a convivir nuevamente con los genocidas.
• Violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.
• Violencia es la reforma laboral, que busca arrasar con derechos históricos.
• Violencia son los despidos y las paritarias a la baja.
• Violencia es aumentar el endeudamiento externo y aprobar las leyes que ordena el FMI.
• Violencia es amenazar con multas o quite de personerías a sindicatos, organizaciones políticas y sociales, buscando atropellar el derecho democrático elemental a la protesta.
Pero pese a toda la represión policial y las persecuciones oficiales, y pese al freno de las burocracias sindicales, en todo el país crece la resistencia de la clase trabajadora.
• En Azul prosigue, con apoyo popular, el acampe de los obreros de Fabricaciones Militares por el cierre de Fanazul.
• En La Plata sigue la resistencia contra los despidos en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y hoy mismo hubo un paro regional de ATE.
• Los trabajadores de prensa resisten los despidos en los medios públicos.
• Lo mismo en el Ministerio de Defensa, donde los despidos afectan incluso a áreas de Derechos Humanos.
• También enfrentan los despidos en el Ministerio de Ambiente, pese a la militarización.
• Los municipales de Quilmes, Lanús y 3 de febrero se organizan contra los despidos.
• En Berisso, los trabajadores municipales lograron que no se votara una “emergencia económica” de ajuste y el intendente tuvo que firmar un compromiso de no despedir.
• Además hay numerosas luchas por fábrica en el sector privado, como las de las metalúrgicas Rapiestant (La Matanza), Stockl (sur del GBA) y Envases del Plata (Morón).
• También en la Oleaginosa Bolívar, por la reincorporación de los despedidos.
• En Cresta Roja los obreros mantienen el conflicto por deudas salariales.
• En Santa Cruz, los petroleros están en lucha contra el plan de 800 despidos en YPF y otras empresas.
• Lo mismo en Molinos Río de La Plata, en las plantas de Esteban Echeverría y de Barracas.
Compañeras y compañeros:
Son todas estas luchas las que teme el gobierno de Macri y esta es la verdadera razón de su escalada represiva. Las movilizaciones masivas, como las que hubo contra la reforma jubilatoria. Los cacerolazos populares. Las marchas contra la impunidad de los genocidas. El gobierno de Macrile teme al pueblo trabajador y a la juventud en las calles. ¡Por eso festejamos que en estos días el gobierno se haya visto obligado a postergar el tratamiento parlamentario de su reforma laboral esclavista y seguiremos luchando para que se postergue para siempre!
En este marco de lucha, unidad y resistencia, hoy reiteramos nuestras exigencias:
● No a la domiciliaria a Etchecolatz. Para los genocidas, cárcel común y efectiva.
● Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
● Libertad a César Arakaki, a los detenidos del 14 de diciembre y a todos los presos políticos. Cese de la persecución a Sebastián Romero y Dimas Ponce. Cierre de todas las causas a los luchadores populares.
● Fuera Bullrich.
● Repudiamos la denuncia del Ministerio de Seguridad a los diputados opositores que enfrentaron la reforma previsional.
● No a la persecución de las comunidades originarias. Repudiamos el informe del Ministerio de Seguridad.
● Solidaridad con todos los trabajadores despedidos, en lucha por su reincorporación.
● No al ajuste y la represión de Macri y los gobernadores.
● No al paquete de reformas contra los trabajadores y el pueblo.
No olvidamos-No perdonamos-No nos reconciliamos
30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos PRESENTE!!!
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia - 11/1/18
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